Rafa García.

Los tiempos cambian que es una barbaridad. Hasta hace apenas unos meses, los cargos públicos del PP solían salir en tromba a los medios de comunicación para exigir al Gobierno central la creación de más juzgados en Castellón.
Ahora resulta que Francisco Camps no tiene dinero para poner en funcionamiento los nuevos juzgados. En unos casos pospone su entrada en funcionamiento, y en otros, pretende que a los nuevos vayan funcionarios que ya están trabajando en otros juzgados que, por cierto, están saturados.
Y por si fuera poco, nos enteramos de que hace muchísimo tiempo que la Generalitat no paga al Colegio de Abogados la cantidad correspondiente a la prestación del servicio de abogados de oficio.
Teniendo en cuenta que no todo el mundo puede pagar los honorarios de los abogados, ¿dónde quedan los derechos de aquellos que necesitan asistencia letrada y no pueden acceder a ella?