Rafa García.

Estoy en contra de la gestión privada de los servicios públicos aunque el concurso de elección de la empresa concesionaria se realice con total limpieza. Me parece una práctica inaceptable porque supone que todos nosotros, generosamente, con nuestros impuestos, construimos una infraestructura para que luego la explote convenientemente la entidad que resulte agraciada con la concesión.
Estoy pensando en la Piscina Provincial, en el Auditorio y Palacio de Congresos o en las Escuelas de Educación Infantil de 0 a 3 años que se están construyendo en la ciudad de Castellón.
Normalmente, este tipo de operaciones se vuelve económicamente contra el contribuyente. Primero porque tiene que pagar la construcción de una infraestructura que explotará una empresa privada y segundo porque el precio que termina pagando no suele ser precisamente popular (popular de pueblo, quiero decir).
Además, creo que estas concesiones perjudican considerablemente al resto de operadores privados existentes. Me explico. Para que una piscina o una guardería entre en funcionamiento, lo primero que debe acometer el empresario es su construcción. Y hacerlo, supone una fortísima inversión económica, a la que debe hacer frente el promotor del servicio en cuestión.
Una fuerte inversión y un agravio comparativo cuando se compara su situación con la de aquellas otras entidades privadas a las que se les ha concedido la gestión de un servicio público.